La igualdad salarial en México entra en una nueva etapa donde deja de ser únicamente un principio constitucional para convertirse en una obligación verificable dentro de los centros de trabajo. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que faculta a las autoridades laborales para realizar inspecciones en empresas y comprobar que mujeres y hombres reciban el mismo salario por realizar funciones equivalentes. Este cambio marca un punto de inflexión porque traslada la discusión de la equidad del terreno discursivo al de la fiscalización real.
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