En la lucha global contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, las autoridades mexicanas han endurecido sus mecanismos de fiscalización. Hoy, para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no basta con leer el acta constitutiva de una empresa; la autoridad exige saber con nombre y apellido quién es la persona física que verdaderamente toma las decisiones y obtiene las ganancias: el Beneficiario Controlador.
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