Los profesionistas independientes en México que realizan trámites financieros, constitución de sociedades o manejo de cuentas en nombre de sus clientes enfrentan una obligación fiscal crucial que va más allá del pago tradicional de impuestos. Con fundamento en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y en disposiciones oficiales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), abogados, contadores, gestores y consultores deben registrarse formalmente en el sistema de prevención de lavado de dinero y presentar avisos específicos.
EL IMPARCIAL