Los 61,785 millones de pesos que el gobierno federal reportó como pérdidas por huachicol fiscal en 2025 podrían ser apenas una parte de la factura que este negocio ilegal pasa a las finanzas públicas. La cifra corresponde al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que no se pagó por la importación de combustibles, pero no incluye una medición actualizada de la evasión del impuesto al valor agregado (IVA), que también se genera a lo largo de la cadena de comercialización.
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