La reinserción social y el acceso al empleo después de cumplir una condena son el eje de una iniciativa promovida en el Senado de la República, que busca prohibir que las empresas soliciten constancias de antecedentes penales como requisito para contratar personal, con el fin de reducir las barreras que enfrentan las personas para incorporarse al mercado laboral.
EL ECONOMISTA